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Santo Domingo, R.D. – 17 de noviembre de 2025
El debate sobre la modificación del Código Procesal Penal (CPP) se intensifica en el Congreso Nacional, con la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) jugando un papel crucial al entregar sus observaciones técnicas detalladas a la Cámara de Diputados. La meta es lograr una legislación penal que no solo sea moderna, sino que también garantice la seguridad ciudadana sin comprometer las garantías fundamentales.
Puntos Focales de la Reforma
La propuesta de reforma del CPP busca actualizar las herramientas jurídicas del Ministerio Público y de la Policía para enfrentar crímenes complejos, el crimen organizado y la corrupción. FINJUS, en su informe, hizo hincapié en varios puntos críticos:
- Balance de Poderes: Asegurar que las nuevas disposiciones no generen desequilibrios entre los derechos del imputado y la capacidad del Estado para investigar y enjuiciar.
- Agilización de Procesos: Implementar mecanismos que reduzcan la mora judicial y la impunidad, especialmente en casos de alto perfil.
- Medidas Cautelares: Revisar los criterios para la prisión preventiva, buscando un uso más racional y menos abusivo de esta medida.
El Debate Salarial en el Hemiciclo
Paralelamente, el Congreso es escenario de una controvertida discusión en torno a la Reforma del Código de Trabajo. Una de las propuestas más polémicas es la que sugiere la reestructuración de los fondos públicos destinados a los partidos políticos. Se plantea la posibilidad de desviar parte de esas asignaciones para financiar una propuesta de indexación de salarios (ajuste) que podría beneficiar a miles de trabajadores dominicanos al liberar de impuestos parte de sus ingresos.
Aunque la propuesta de reforma laboral busca modernizar la relación empleado-empleador, la idea de tocar los fondos políticos ha encontrado resistencia transversal. Los líderes legislativos y partidarios han iniciado negociaciones para encontrar un consenso que permita avanzar en ambas reformas sin paralizar el trabajo legislativo, reconociendo la alta sensibilidad social de ambas iniciativas.
Santo Domingo, R.D. – 17 de noviembre de 2025
El debate sobre la modificación del Código Procesal Penal (CPP) se intensifica en el Congreso Nacional, con la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) jugando un papel crucial al entregar sus observaciones técnicas detalladas a la Cámara de Diputados. La meta es lograr una legislación penal que no solo sea moderna, sino que también garantice la seguridad ciudadana sin comprometer las garantías fundamentales.
Puntos Focales de la Reforma
La propuesta de reforma del CPP busca actualizar las herramientas jurídicas del Ministerio Público y de la Policía para enfrentar crímenes complejos, el crimen organizado y la corrupción. FINJUS, en su informe, hizo hincapié en varios puntos críticos:
- Balance de Poderes: Asegurar que las nuevas disposiciones no generen desequilibrios entre los derechos del imputado y la capacidad del Estado para investigar y enjuiciar.
- Agilización de Procesos: Implementar mecanismos que reduzcan la mora judicial y la impunidad, especialmente en casos de alto perfil.
- Medidas Cautelares: Revisar los criterios para la prisión preventiva, buscando un uso más racional y menos abusivo de esta medida.
El Debate Salarial en el Hemiciclo
Paralelamente, el Congreso es escenario de una controvertida discusión en torno a la Reforma del Código de Trabajo. Una de las propuestas más polémicas es la que sugiere la reestructuración de los fondos públicos destinados a los partidos políticos. Se plantea la posibilidad de desviar parte de esas asignaciones para financiar una propuesta de indexación de salarios (ajuste) que podría beneficiar a miles de trabajadores dominicanos al liberar de impuestos parte de sus ingresos.
Aunque la propuesta de reforma laboral busca modernizar la relación empleado-empleador, la idea de tocar los fondos políticos ha encontrado resistencia transversal. Los líderes legislativos y partidarios han iniciado negociaciones para encontrar un consenso que permita avanzar en ambas reformas sin paralizar el trabajo legislativo, reconociendo la alta sensibilidad social de ambas iniciativas.
