SANTO DOMINGO, RD. – La República Dominicana cerró el año 2025 con cifras históricas en materia de control migratorio. Según el informe oficial presentado por las autoridades, el país deportó a casi 380,000 extranjeros en condición irregular, lo que representa un incremento sustancial del 37% en comparación con los datos registrados en el periodo anterior.
El informe anual de la Dirección General de Migración confirma el endurecimiento de la política migratoria. Las autoridades advierten que los operativos de interdicción se mantendrán con la misma intensidad durante el 2026 para garantizar la seguridad nacional y el orden fronterizo.
Este aumento sin precedentes refleja la ejecución de una política de «tolerancia cero» ante la inmigración ilegal, marcada por un despliegue masivo de operativos tanto en la zona fronteriza como en los principales centros urbanos del territorio nacional.
Un año de operatividad intensa
El balance anual detalla que las acciones se llevaron a cabo a través de miles de operativos de interdicción migratoria realizados por la Dirección General de Migración (DGM), con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Las autoridades explicaron que este crecimiento en las cifras de repatriación no es fortuito, sino el resultado de una estrategia de seguridad nacional diseñada para regularizar la presencia extranjera en el país y combatir el tráfico ilícito de personas. La logística incluyó el fortalecimiento de los puntos de control en las provincias fronterizas y redadas sistemáticas en sectores donde se había detectado una alta concentración de indocumentados.
Postura firme para el 2026
Lejos de flexibilizar las medidas, el gobierno ha enviado un mensaje contundente para el nuevo año. Voceros oficiales aseguraron que la intensidad de los operativos no disminuirá.
La posición del Estado dominicano se mantiene firme en el ejercicio de su soberanía para aplicar la Ley General de Migración 285-04. Según fuentes ligadas a la seguridad del Estado, el objetivo para el 2026 es mantener el ritmo de las interdicciones para evitar que las cifras de indocumentados vuelvan a niveles inmanejables, protegiendo así la integridad de los servicios públicos y el mercado laboral local.
Reacciones y contexto social
Estas cifras se presentan en un contexto de amplio debate nacional. Diversos sectores de la sociedad civil han exigido durante años un mayor control fronterizo, citando la carga que representa la inmigración irregular para los hospitales y escuelas del país.
Por otro lado, el volumen de las deportaciones también ha puesto a prueba la capacidad logística de los centros de acogida y traslado, los cuales han tenido que operar a su máxima capacidad para procesar el flujo constante de detenidos, respetando los protocolos de derechos humanos establecidos en los acuerdos internacionales.
Con este informe, la administración reitera que el control migratorio sigue siendo uno de los ejes centrales de la agenda gubernamental, consolidando una tendencia de endurecimiento que, según las proyecciones, definirá también el panorama político y social de este año en curso.
