Santo Domingo, RD. – Lo que comenzó como una noche de esparcimiento en el icónico centro nocturno se ha transformado en uno de los debates jurídicos más complejos de los últimos años en la República Dominicana. Tras el lamentable suceso conocido como la «Tragedia del Jet Set», el foco de la opinión pública se ha desplazado del dolor a la exigencia de responsabilidades penales.
Mientras las familias afectadas inician los procesos de querella, la defensa de los administradores del establecimiento parece perfilar una estrategia legal que ha encendido las alarmas en la comunidad jurídica: la teoría del «riesgo compartido».
El debate legal: ¿Sabían a lo que iban?
Expertos en derecho penal consultados por este medio explican que la defensa podría argumentar que los asistentes asumieron un nivel de riesgo al ingresar al lugar bajo ciertas condiciones. Sin embargo, juristas y representantes de las víctimas rechazan categóricamente esta premisa, señalando que la negligencia en los protocolos de seguridad y el mantenimiento de la infraestructura recae exclusivamente sobre la administración, y no puede ser transferida al usuario.
«Aceptar entrar a un local no es firmar una sentencia de muerte ni renunciar al derecho a la seguridad básica», comentó uno de los abogados querellantes, quien pidió anonimato mientras se formaliza el expediente.
Apoyo a las víctimas
En medio de la batalla legal, la solidaridad se abre paso. La fundación Raíces de Esperanza, junto a varias universidades del país, ha anunciado la creación de un fondo de asistencia legal y psicológica para los sobrevivientes y familiares de los fallecidos.
«No dejaremos que el tecnicismo legal opaque la justicia. Si hubo negligencia, debe haber consecuencias», declaró la vocera de la fundación en rueda de prensa esta mañana.
El país se mantiene en vilo esperando la decisión del Ministerio Público, en un caso que podría sentar un precedente histórico sobre la responsabilidad de los centros de entretenimiento en la seguridad ciudadana.
