A pocas semanas del inicio de las clases, programado para el lunes 24 de agosto, familias de estudiantes de colegios privados denunciaron incrementos de hasta un 10 % en las mensualidades. A este ajuste se suma el cobro por separado de talleres y actividades extracurriculares, lo que ha generado malestar por la creciente presión económica sobre los hogares.
Padres y tutores reportaron alzas significativas en la tarifa mensual: en algunos casos de RD$ 7,000 a RD$ 9,000, y en otros con incrementos directos de RD$ 1,000 a RD$ 2,000 respecto al año escolar anterior. Estas variaciones se añaden a los costos de uniformes, útiles y libros de texto.
Impacto en las familias
Ante las nuevas tarifas, varios tutores expresaron que han tenido que reorganizar sus presupuestos familiares o realizar compras de forma gradual:
- Rosario Méndez criticó que las alzas se apliquen anualmente sin tomar en cuenta el costo total de la lista escolar.
- Mercedes Pimentel indicó que contempla transferir a sus hijos al sistema público al no poder asumir una cuota mensual cercana a los RD$ 10,000 por estudiante.
Lo que establece la Ley 86-00 sobre las tarifas escolares
La legislación dominicana regula la fijación de precios en la educación privada a través de la Ley 86-00:
- Regulación oficial (Art. 1): Establece que el Ministerio de Educación (MINERD), a través del Departamento de Colegios Privados, es el organismo encargado de fijar y regular las tarifas mensuales y anuales para proteger el presupuesto familiar y garantizar un margen justo de beneficio.
- Revisión trienal (Art. 5): Dispone que la escala tarifaria debe revisarse cada tres años, salvo que el centro educativo presente presupuestos que demuestren nuevas inversiones o mejoras operativas para su reclasificación.
- Autorización obligatoria (Art. 6): Cualquier incremento en la tarifa oficial requiere la autorización previa del MINERD, basada en el alza comprobada de costos e indexación.
- Sanciones (Art. 7): Las violaciones a la escala de tarifas conllevan multas de RD$ 10,000 a RD$ 100,000, la revocación inmediata de la medida alcista y, en caso de reincidencia, la suspensión o cancelación de la licencia de operar del centro educativo.
