El Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana declaró inconstitucional el Decreto 308-06, disposición que regulaba los horarios para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en colmados, bares y centros de entretenimiento. La decisión establece que un decreto del Poder Ejecutivo no puede restringir de manera indefinida derechos fundamentales como la libertad de empresa y la libertad económica.
Analistas del derecho, como el abogado y politólogo Franklin Mercado, catalogaron el fallo como un hito jurídico, recordando que la Constitución de 2010 exige que cualquier limitación a derechos fundamentales sea regulada exclusivamente mediante una ley formal aprobada por el Congreso Nacional y no por una norma administrativa.
Vigencia de dos años para evitar un vacío legal
A pesar del dictamen de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional otorgó un plazo de dos años para que la sentencia surta efecto pleno, o hasta que el Congreso apruebe una ley sobre la materia.
- Efecto diferido: El Decreto 308-06 se mantendrá vigente de forma transitoria para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana mientras se legisla.
- Fiscalización continua: Las labores del programa de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) continuarán vigentes para sancionar a los establecimientos que operen al margen de los horarios establecidos.
- Respaldo oficial: La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo favoreció la decisión del TC, reconociendo la necesidad de que la cámara legislativa asuma el marco normativo de los derechos constitucionales.
«Este fallo marca un hito en la delimitación de competencias constitucionales: el presidente tiene facultades reglamentarias para implementar medidas excepcionales de corta duración, pero no para restringir derechos indefinidamente», argumentó el jurista Franklin Mercado.
Hacia una nueva legislación por consenso
La sentencia abre la puerta a un debate legislativo en el Congreso Nacional, donde se espera la participación de diversos sectores sociales y económicos para consensuar un marco regulatorio definitivo que equilibre la actividad comercial, la convivencia social y la seguridad ciudadana.
